La medida responde a una solicitud del propio consistorio boirense, que justificó la necesidad de crear este puesto para reforzar el funcionamiento del departamento de Secretaría y mejorar la gestión administrativa municipal. 

El nuevo puesto de vicesecretario/a se configura como una figura de apoyo directo a las funciones del secretario municipal. Según la resolución, estará reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación nacional, perteneciente a la subescala de secretaría-intervención. 

El cargo se cubrirá mediante concurso de méritos y contará con un nivel 28 de complemento de destino, una categoría que refleja la responsabilidad y el peso técnico del puesto dentro de la administración local. 

Entre sus funciones se encuentran tareas de colaboración inmediata, asesoramiento jurídico y apoyo en el control y fiscalización de la gestión municipal, además de sustituir al titular de la secretaría en situaciones de vacante, ausencia o incompatibilidad. 

El Ayuntamiento de Boiro argumentó que la creación de este puesto responde al incremento de la carga administrativa que experimenta el municipio en los últimos años.

Según la documentación presentada a la Xunta, el crecimiento económico, demográfico y urbanístico de la localidad ha provocado un aumento notable de expedientes, especialmente en áreas como contratación pública, urbanismo y gestión administrativa digital. 

A esta situación se suma la implantación de nuevas herramientas tecnológicas y plataformas electrónicas, que requieren una mayor supervisión jurídica y administrativa desde el departamento de Secretaría. 

La resolución también recoge algunos datos que ilustran la dimensión administrativa del municipio. Según las cifras oficiales del padrón referidas a 2025, Boiro cuenta con 18.967 habitantes, mientras que el presupuesto municipal supera los 21 millones de euros. 

Este volumen de gestión ha llevado al consistorio a reforzar su estructura administrativa con la creación de esta nueva figura, que permitirá repartir la carga de trabajo y garantizar la continuidad de las funciones reservadas. 

Con la aprobación de esta clasificación, la Xunta busca garantizar un funcionamiento más eficaz y seguro de la administración local, asegurando que las tareas clave de asesoramiento legal, fe pública y control económico se desarrollen con suficientes recursos humanos especializados.

La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque contra ella se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o, de forma previa, un recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó.